PLANA
MAYOR
“Cuando
la verdad se confunde con los intereses sociales, políticos y personales, se
pierde la confianza de la audiencia”. Michael Bugeja, de la Escuela de
periodismo de la Universidad estatal de Iowa.
·
Ley
de Tránsito criminaliza en Veracruz
Gaudencio García
Rivera
No podían faltar las justificaciones, la
política regresiva, las barbaridades y la paranoia de los poderes Legislativo y
Ejecutivo local por la barbarie que han provocado las células criminales en la
entidad. En nombre del operativo Veracruz Seguro, el Poder Ejecutivo en
concubinato con el Poder Legislativo, emitió la nueva Ley de Tránsito que tiene
más carácter de persecutoria, criminal, espionaje y recaudatoria y de corte
fascista.
La bancada mayoritaria del PRI y sus satélites
de la LXIII Legislatura local, cuando presentó uno de sus diputados la
iniciativa de ley —uno de los peleles con que cuenta el bicéfalo líder cameral
Juan Nicolás Callejas Arroyo—, para modernizar y actualizar la Ley de Tránsito
en Veracruz dibujaba en uno de sus articulados la “regulación” de las
manifestaciones en cualquiera de los 212 municipios del estado.
Hubo condenas estridentes contra los sesudos
y orondos diputados del PRI del Poder Legislativo que coartaba la libertad de
manifestación, de expresión y reunión de la sociedad democrática, que de
inmediato el autor y modosito legislador prometió suprimir artículos, cláusulas
y temas candentes que vulneraran las garantías individuales y derechos humanos
de quienes integra (mos) la res pública del Estado mexicano.
Todo fue un ardid. Al igual que los bretes de
la loza de la deuda pública del Gobierno del Estado, de la falta de pagos a los
acreedores con sus respectivos intereses, la visión y estrategia anticrimen
para reducir la ola criminal que tiene en jaque al gobierno en turno, el
incumplimiento de pagos a las fuerzas castrenses, la impunidad que reina para
castigar a quienes se han enriquecido en forma inexplicable, la nueva reforma
del Código Electoral que resultó un gatopardismo y la nueva Ley de Tránsito, se
convirtieron a la postre en unos ordenamientos “metaconstitucionales” en
perjuicio de los mandantes.
Con el argumento baladí, truculento y
perverso de la clase política gobernante y con toda la manga ancha de los
peleles diputados de la LXIII Legislatura local, la nueva Ley de Tránsito no
sólo criminaliza a los automovilistas y operadores de unidades pesadas sino que
deja en estado de indefensión a la población desde el Pánuco hasta el Tonalá. A
los monopolistas de las grúas, como el caso Xalapa, apenas se les toca con el
pétalo de una rosa, parientes del titular de la SSP.
Es evidente, que por ley los mofletudos
diputados y sabias diputadas deberían de consultar a sus representados de cada
uno de los 30 distritos electorales cuando estén en el vórtice leyes que
afectarán pecuniariamente su patrimonio y sus derechos. Lo mismo ocurriría con
el Poder Ejecutivo que, por lo menos por urbanidad política, tiene que someter
al escrutinio público una iniciativa de ley que afectará en lo mediato e inmediato
a la sociedad que lo votó en las urnas electorales.
Las altas esferas gubernamentales no pueden
echar campanas a vuelo con sus decisiones autoritarias. Los mandantes estamos a
tiempo para recurrir a las herramientas legales que permite la Carta Magna para
echar abajo las normas que criminalizan a la sociedad y mandantes de a pie y de
paso someterlos al banquillo de los acusados para que respondan por todos los
agravios que han cometido a los veracruzanos, en nombre de la ley que han
pisoteado.
Los operativos Veracruz Seguro no son un
cheque en blanco para que los altos círculos del poder público cometan todo
tipo de actos extralegales en contra de las fuerzas de oposición y de quien o
quienes disienten de la política duartista por el hecho de conducir a la
entidad en un “Estado disfuncional”. ¿Correcto?
No hay comentarios:
Publicar un comentario