PLANA MAYOR
Gaudencio
García Rivera
A pesar del optimismo y de los mejores augurios del
tutor, el Poder Ejecutivo, el Instituto de Pensiones del Estado (IPE)
nuevamente es puesto en evidencia, una vez más,
por sus agremiados la presunta solidez financiera de sus activos para
cubrir las prestaciones de fin año a los trabajadores activos, jubilados y
pensionados del Estado.
Está visto que este año y lo
que ha sido en los cuatro años del sexenio duartista, el IPE y su actual
director Armando Adriano Fabre –un pelele del poder público que solamente sirve
para cobrar su jugoso salario y sumar enemigos-, no han visto la suya porque no
hay año que los trabajadores activos y jubilados se estén quejando del retraso
de sus prestaciones sociales.
¿Por qué no da la cara a sus
inquisidores el titular del IPE para darle certidumbre a la clase trabajadora y
jubilados del Poder Ejecutivo? Si quincenalmente se les descuenta en forma
automática de sus percepciones salariales a más de 120 mil burócratas del
Estado, porque el IPE no cumple en tiempo real el pago de aguinaldos a los trabajadores activos y jubilados.
No es posible que cada año y
en el curso de éste los burócratas se vean forzados a realizar marchas,
plantones y tomas de oficina, para que
el titular del instituto baje de su
pedestal, de su torre de marfil y agarre el toro por los cuernos, buscando
soluciones inmediatas de fondo, en lugar de actuar con doble lenguaje, con
simulaciones oprobiosas que sólo
conducen a teorías bizantinas y
empantanan el conflicto.
El primer círculo de las
altas esferas gubernamentales celebró con bombo y platillo la iniciativa con
proyecto de ley que envío el Poder Ejecutivo al Poder Legislativo, para
reformar las ley 287 del IPE con el fin
de suprimir esquemas acartonados y modernizar el ordenamiento para fortalecer
el músculo de la reserva financiera del instituto, pero que a la postre resultó
una parodia, una burla para la burocracia veracruzana.
El hecho de que un sector de
los trabajadores del Poder Ejecutivo se haya amparado contra la vigencia del
nuevo decreto del instituto y de que la Suprema Corte de Justicia de la Nación
haya dejado intactos algunos artículos de la ley de pensiones, por ser
regresivos y atentatoria en contra de los derechos de los trabajadores, no
significa que el gobierno duartista no tenga las suficientes herramientas para
fortalecer y dejar consolidada la estructura de la reserva financiera del IPE.
Es grave que la Secretaría de Finanzas y
Planeación, de la que su titular Mauricio Audirac Murillo echa campanas al
vuelo por haber reducido la deuda pública del Gobierno del Estado, no canalice
en forma oportuna los dineros públicos a las secretarías de despacho y
entidades descentralizadas, para que se
pague en tiempo y forma las percepciones salariales y prestaciones de fin de
año a la clase trabajadora.
Si el Instituto de Pensiones
del Estado se encuentra con sus finanzas
sanas y sus bienes inmobiliarios
le producen buenos dividendos –hoteles, estacionamiento y el edificio en renta
que ocupa la SSP-, por qué se retrasan con los pagos de las prestaciones de
ley, o cuál es la explicación lógica del por qué a los
bancos todavía no les llegan la mesada para cubrir los aguinaldos de los
trabajadores que cotizan al instituto.
¿Por qué los trabajadores no
activos tienen que poner en jaque al IPE con marchas, plantones y denuestos? Si hay certeza y
credibilidad en las instituciones, como debería de ocurrir con los mandantes y
no llegar a los extremos, por qué los flamantes y sempiternos consejeros del
instituto, Acela Servín Murrieta –por dignidad y decoro debería de retirarse
para disfrutar a sus nietos y
tataranietos- y Enrique Levet Gorozpe, corresponsables de los affaires, no han
sacado la casta para exigir al titular del IPE Armando Adriano Fabre que cumpla
con la norma que establece la Ley de Pensiones del Estado.
La docilidad sindical con el
poder público, por supuesto, es absurda
y abominable, pero hasta cuándo creen que agotarán la paciencia de sus agremiados,
por su entreguismo falaz, por encima de los derechos de los trabajadores.
¿Hasta cuándo? No les bastó haber cobrado como diputados y senadores. Suena
burdo, pero algún día los inquisidores los demandarán.
AL CALCE…Nominación
ciudadana. Si no ocurre un tsunami político todo está previsto para que por
tercera vez compita en las elecciones intermedias del 2015, el periodista y
director del periódico El Heraldo de Xalapa, José Valencia Sánchez. Pepe estará
disputando la candidatura ciudadana a la diputación federal por el distrito
rural de Xalapa, de la que de un momento a otro, tendrá luz verde para entrar a
la batalla electoral que se avecina. Este lunes recibirá la adhesión de más de
5 mil firmas que plantea el Código Electoral. La tercera es la vencida. ¡Suerte
Pepe! Comentarios a gaugar55@gmail.com
--oo0oo--
No hay comentarios:
Publicar un comentario