Prosa aprisa
“No
la dejaremos sola”, le dicen; ahora la
quieren intimidar
Arturo
Reyes Isidoro
El sábado por
la tarde, como una veracruzana, como una ciudadana más, como una ama de casa
cualquiera, compraba en un súpermercado de Xalapa la rectora de la Universidad
Veracruzana (UV), Sara Ladrón de Guevara.
Lo hacía con
la cara en alto, mirando de frente, sin esconderse de nadie; se movía sola
entre los pasillos, sin ningún guarura atrás de ella, sin ningún “ayudante”, y
a su paso recibía muestras de solidaridad y apoyo a su causa, que es la de la
casa de estudios: el reclamo de 2 mil 76 millones, 828 mil 726.78 pesos, que
desde 2013 no le entrega la administración pública estatal.
Cuando le
decían que se mantuviera firme en su postura porque todos los veracruzanos la
respaldan, respondía diciendo que sí “porque la Universidad Veracruzana nos
trasciende”, y se oían voces indignadas convocando a tomar las calles para
protestar contra el Gobierno del Estado por la agresión y atentado que está
cometiendo contra la UV.
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El pasado 15
de noviembre, hace menos de dos meses, públicamente, durante un mensaje con
motivo de su V Informe de Gobierno, en el Velódromo de Xalapa, el gobernador
Javier Duarte de Ochoa le agradeció a la Rectora su presencia y le garantizó
que no la dejaría sola y que siempre contaría con el apoyo del gobierno
estatal.
Ese día
informó que se había reunido con ella para fortalecer aún más los vínculos que
unen a la UV con el Gobierno del Estado. “Ahí
públicamente en un comunicado refrendé el compromiso establecido en los
acuerdos firmados entre la Universidad Veracruzana y el Gobierno de Veracruz.
La Universidad Veracruzana sabe que tiene todo el apoyo y todo el respaldo de
mi gobierno. No la vamos a dejar sola rectora, va a contar siempre con todo nuestro
apoyo y nuestro respaldo”.
Esa reunión, que había sido
un día antes, se tomó como una medida desesperada para evitar que la comunidad
universitaria saliera a protestar en pleno Informe por el engaño, las falsas
promesas y el incumplimiento de la administración estatal para entregar a la UV
lo que es suyo y por derecho le corresponde, pero los días transcurridos
confirmaron que, una vez más, había sido una tomada de pelo porque ni hay un
calendario de pagos, ni se liquidó en diciembre como se había ofrecido y, al
contrario, se le empezó a presionar y a tratar de amedrentar con el pretexto de
que es la casa de estudios la que le debe al gobierno por concepto de cuotas al
Instituto de Pensiones del Estado (IPE).
Ante tanto engaño e
incumplimiento –como se ha venido haciendo con proveedores del gobierno y
prestadores de servicios–, habiendo agotado sus gestiones ante las instancias
ejecutivas y legislativas, ahogándose como está la Universidad Veracruzana,
llena de deudas, trabajando al 50 por ciento de su capacidad, con problemas
cada vez más serios para pagar las quincenas al personal, habiendo detenido o
recortado programas, etc., no le quedó a la Rectora de otra más que emprender
acciones legales para tratar de recuperar lo que es de la UV.
Aquella promesa de que el
Gobierno no la iba a dejar sola no fue más que eso, una promesa, como tampoco
ha habido “nuestro apoyo y nuestro respaldo”. Al contrario, la Fiscalía General
del Estado se ha hecho omisa para no dar entrada a la denuncia presentada ante la Coordinación de la
Fiscalía Especializada en Delitos Relacionados con Hechos de Corrupción y
Cometidos por Servidores Públicos por la no entrega de mil seiscientos
veinticinco millones de pesos, en sus primeras diligencias.
Además, la
Rectora acudió ante la instancia federal, el Agente del Ministerio Público de
la Federación en Xalapa, por la no entrega de cuatrocientos cincuenta y un
millones de pesos, donde sí le dieron entrada y quedó registrada con el número
AP/PGR/XAL-IV/012/2016/P.P., que ha sido ratificada y se encuentra en proceso
de integración.
Pero como
Sara Ladrón de Guevara decidió ventilar públicamente el asunto una vez que se
filtró en la prensa y convocó a conferencia para informar a detalle, la
reacción en el Gobierno fue la peor: amenazarla, tratar de intimidarla, amenazar
a la casa de estudios y con ello a toda la comunidad universitaria de que se le
cobrarán 3 mil 400 millones que dizque se le deben, e incluso de que se requerirá
fiscalmente a la casa de estudios.
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En un boletín
de prensa del 14 de noviembre, un día antes del Informe, se informó de la
reunión del gobernador y la Rectora (no era la primera, además).
“El Gobernador reconoció en dicha reunión los compromisos
adquiridos por el Gobierno del Estado en el convenio firmado entre el Gobierno
Federal, el Gobierno del Estado y la Universidad Veracruzana, donde se
establecen los montos de las aportaciones que ambos gobiernos se comprometen en
aportar a la institución académica para el cumplimiento de sus programas y
objetivos de enseñanza superior.
Asimismo, el Mandatario estatal informó a
la Rectora que la Universidad Veracruzana no tiene ya ningún adeudo con el
Instituto de Pensiones del Estado (IPE) ya que el Gobierno del Estado, como
responsable solidario, ha liquidado la parte de recursos económicos que le correspondía a la
UV aportar para garantizar el pago de las pensiones de los trabajadores
jubilados universitarios”.
Ese día, a su llegada a una comida “de unidad” en
el Museo Interactivo de Xalapa, en vísperas de su Informe, afirmó que a partir
de la reestructuración de los pasivos, que le fue autorizada por la
Legislatura, el Gobierno del Estado podría pagar una cifra mayor a la UV y
cumplir puntualmente con el convenio tripartita firmado con la Casa de
Estudios. "No se puede arreglar algo que no estaba desarreglado",
respondió a los reporteros.
Reiteró: "El déficit del IPE ya se pagó, lo
pagó el Gobierno del Estado, fue de 2 mil 65 millones de pesos… vamos a
respetar el convenio que establecimos”, dijo y reveló que la información que
había dado a conocer sobre la reunión con la Rectora la había redactado él
personalmente.
Hoy tampoco se ha pagado una cifra mayor sino,
que por el contrario, en el Presupuesto de Egresos de este año hubo una disminución de casi siete por
ciento en relación al presupuesto del ejercicio fiscal 2015, lo que representa
una cantidad de doscientos cuarenta y nueve millones ochocientos cuarenta y
cuatro mil setecientos cinco pesos menos, lo que la rectora ha calificado como “una violación al derecho humano a la
educación”.
Un día antes, ya en plena batalla en las redes
sociales por el reclamo de la Rectora de lo que se le debe a la UV, y la acusación
del IPE de que es la casa de estudios la que adeuda, el senador priista José Francisco
Yunes Zorrilla, presidente de la Comisión de Hacienda y Crédito Público del Senado
de la República, invocó el artículo 98 de la Ley del IPE que define que cuando
hay aspectos deficitarios y el IPE no pueda pagar, los patrones se harán cargo,
siempre que medie un convenio.
“Sin embargo, hasta donde se sabe, no
existe ningún convenio entre el IPE, el Gobierno del Estado y la Universidad,
de tal manera que el Gobierno del Estado es responsable solidario no sólo en el
caso de la UV que funge como patrona sino de todos los que cotizan en el
Instituto”.
"Tratar de justificar que los 2 mil millones
de pesos que legítimamente señala la Universidad Veracruzana como adeudo para
el ejercicio fiscal del 2016 se contrarresten, me parece que es grave y que no
es procedente", opinó.
Reveló entonces que la Rectora estaba cuidando
que el tema no se politizara y que por eso en el Senado se le había recibido en
comisiones de trabajo donde habían asistido representantes de todos los
partidos para que no fuera bandera política de nadie. "Esto habla del
cuidado que tiene la Rectora por resolver un problema en el cual, reitero, le
asiste la razón y que va a acompañar el Senado de la República en términos de
solidaridad".
El senador advirtió desde entonces que existía la
posibilidad de presentar denuncias penales por no depositar los recursos
correspondientes a la Universidad, aunque dijo que dicha labor le correspondía
a las áreas de fiscalización y de vigilancia federal y estatal. Dejó muy claro:
“Sí me corresponde definir una posición en la cual con la información que yo
tengo, la razón le asiste a la Universidad Veracruzana”.
Ayer reiteró: "Mi posición como senador de la república es
concreta y clara a favor de la comunidad universitaria. Hemos tenido la
oportunidad de conocer buena parte de los alegatos y comentarios y en ese
sentido estaremos acompañando la posición de la rectora, su comunidad y la
universidad".
Otro senador veracruzano, Fernando Yunes Márquez,
en esa misma fecha dijo que en el Senado de la República se presentaría un
punto de acuerdo para pedir al Gobierno del Estado que cesara el hostigamiento
hacia la UV y se cumpliera con el pago de adeudos pendientes.
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Un experto en el tema, el ex rector Víctor
Arredondo Álvarez, en una larga entrevista que concedió a la reportera Ángeles
González Ceballos, del portal alcalorpolitico.com,
dijo el 10 de septiembre del año pasado que la Constitución Política de los
Estados Unidos Mexicanos es muy clara sobre la obligación del Estado de ofrecer
educación pública gratuita y laica, y que los recursos asignados para la
Universidad Veracruzana se enmarcan más que en un compromiso legal, en uno
moral, social y estratégico.
Refirió que en la fracción novena del artículo
3ro Constitucional se define claramente el compromiso del Estado Mexicano por
otorgar educación gratuita, y que en la fracción 25 del artículo 73 se vuelve a
resaltar la importancia y la necesidad de que para bien del desarrollo nacional
el Estado Mexicano garantice educación para todos y en todos los niveles, lo
que la Ley de Coordinación para la Educación Superior reitera.
Recordó que la Ley de Autonomía de la Universidad
Veracruzana señala claramente el compromiso del Gobierno del Estado para
financiar cabalmente a la Universidad. “Yo veo innecesaria esa discusión... Ahí
están las cifras, ahí no hay engaño porque están las cifras comprometidas,
están las bases históricas, las asignaciones anuales, las cuentas de ingresos
de la UV que están auditadas y las aportaciones del Estado como egresos”.
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¿Dónde está el origen del problema? El adeudo a
la Universidad Veracruzana comenzó en el sexenio del gobernador Fidel Herrera
Beltrán. El 8 de agosto de 2014, en “Prosa aprisa” publiqué que el ex rector
Raúl Arias Lovillo me había revelado y me había autorizado a publicarlo que
Fidel, durante su gestión, no había
pagado a la Universidad Veracruzana 1,500 millones de pesos, que no entregó
como estaba pactado con el Gobierno federal y el estatal, pues había retenido
cinco pagos anuales de 300 millones de pesos sin ninguna explicación ni
justificación.
Herrera Beltrán nunca informó de ese adeudo y
cuando llegó la nueva administración tampoco lo llamó a cuentas para que respondiera
por el faltante, adeudo que se fue incrementado hasta llegar a la cifra actual,
la que se quiere desconocer ahora. La denuncia de la Rectora pudiera ser el la
punta del hilo para jalar de la madeja. Sobre el caso, los diputados locales y
federales del PRI no han salido en defensa de la Universidad.
Independientemente del litigio legal, lo cierto es
que la comunidad universitaria es un polvorín a punto de estallar en cualquier
momento en apoyo a su casa de estudios y en contra del atentado del gobierno,
pues lo consideran igual de grave, o más, que el desalojo que hizo la policía
el pasado 23 de diciembre de jubilados y pensionados del centro de la ciudad;
movimiento que va a rebasar a la dirigencia del Fesapauv, el sindicato del
personal académico, que ha reaccionado sólo con un desplegado periodístico
tibio, guango, y no con la energía que la ocasión amerita en apoyo a la Rectora
y a la Universidad.
Hay una consecuencia inmediata y directa ya: la va
a pagar el PRI en las urnas el próximo 5 de junio.
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Ayer, el senador José Francisco Yunes Zorrilla
advirtió de tener cuidado para que no se politice el tema y alguien lo quiera
aprovechar para allegarse votos, pero fue inevitable que tres precandidatos lo
abordaran.
Miguel Ángel Yunes Linares, del PAN, recordó que él promovió la autonomía de la UV en la etapa en que fue
Secretario General de Gobierno con el gobernador Patricio Chirinos Calero, y
que en la ley que se aprobó en ese entonces se establecía con toda claridad que
los recursos que el Gobierno del Estado aporta a la universidad, por ley y por
obligación debían incrementarse anualmente cuando menos en un índice similar al
de la inflación, y que también se estableció que no podía de ninguna manera el
Gobierno del Estado utilizar los recursos federales destinados a la universidad
para otras actividades.
Fijó su postura: “Como universitario
egresado de la Universidad Veracruzana y como promotor de su autonomía no
permitiré de ninguna manera que se siga atentando contra la máxima casa de
estudios de los veracruzanos, me sumaré a cualquier esfuerzo que haga la
Rectora de la universidad y la comunidad universitaria para exigir que se le
pague a la universidad lo que se les debe y para sancionar a quienes le robaron
los recursos a los jóvenes de Veracruz que estudian en esa institución”.
Ayer, en el arranque de su precampaña
en Poza Rica, hizo un llamado
a los aspirantes a gobernador Héctor Yunes Landa, Cuitláhuac García Jiménez y
Armando Méndez de la Luz, quienes al igual que él son egresados de la UV, para
que juntos acudan a la Procuraduría General de la República y a la Fiscalía
General del Estado para exigir que las denuncias contra quienes se han robado
los recursos de esta institución procedan.
Por su parte, ayer también, en el
arranque de su precampaña en Xalapa, Héctor Yunes Landa, del PRI, declaró a los
reporteros que si llega a la
gubernatura apoyará a la UV incrementando su presupuesto. Expresó que no se
debe de perjudicar a la Institución y que se le tiene que pagar lo que se le
adeuda. “Yo no soy reactivo a los problemas, yo incluso me he llegado a
anticipar y lo dije claramente, a la UV se le tiene que apoyar, se le debe dar
lo que le corresponde e incrementar incluso los apoyos… Los adeudos son
institucionales, no es de la persona que está al frente del gobierno, son de la
administración y el gobierno los tiene que cumplir”.
A su vez, Armando Méndez de la Luz, de Movimiento
Ciudadano, lo atribuyó a un problema de sensibilidad: “Como egresado y maestro
de la Universidad Veracruzana siempre saldré en defensa de mi alma mater. Más
que un problema jurídico este es un problema de sensibilidad, de cumplimiento
de compromisos; en el fondo, lo esencial lo marca la Constitución: la educación
laica”.
Dijo que el Estado no le está haciéndo ningún
favor a la Casa de Estudios, pues no se trata de un subsidio para nadie, ya que
simplemente se trata de recursos fiscales que aporta el pueblo con sus
impuestos para mantener la educación.
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