PLANA MAYOR

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·        Periodistas: mal pagados y reprimidos

Gaudencio García Rivera

No es paranoia ni exageración. Desde que el sexenio federal panista de Felipe Calderón desató la guerra contra el crimen organizado hasta el del priista Enrique Peña Nieto, los periodistas y fotoperiodistas han sido objeto del tiro al blanco del crimen organizado y del poder público, en medio de la absoluta impunidad y falta de transparencia de los casos que han conmocionado a la opinión pública local, nacional e internacional.

Los órganos de protección a la integridad de los periodistas son como la Carabina de Ambrosio. No sirven para nada, nada pues. El presupuesto anual sirve sólo para abultar el bolsillo de una élite incondicional allegada a la cúpula del poder público. Los periodistas tienen décadas y décadas que perciben salarios de hambre. Tienen que trabajar en varios medios para poder subsistir. Desde 1974 para acá son víctimas de la explotación reporteril.

Los gobiernos locales y el federal se han dedicado en difundir una avalancha pura de demagogia, en la mayoría de los casos que se han registrado tanto en Veracruz como en el interior del país, pero sin el éxito deseado de proteger la integridad física de los comunicadores, tal vez porque los protocolos establecidos por la PGR y las fiscalías locales son nimios, inocuos y baladíes.

Y en otros casos, como el del fotorreportero Rubén Espinosa, asesinado en la capital del país junto con cuatro mujeres el 31 de julio, y del exreportero de Telever en Orizaba, Juan Heriberto Santos Cabrera, ejecutado junto con el jefe de la plaza de Los Zetas, José Márquez Balderas (a) “El Chichi”, el 13 de agosto, el poder público de inmediato se lavó las manos como Poncio Pilatos.

A 13 días de que se suscitará el multihomicidio del Distrito Federal, donde de acuerdo a una evaluación de los hechos del portal Letra Roja el fotoperiodista Rubén Espinosa autoexiliado de Veracruz el 9 de junio y la activista chiapaneca Nadia Vera pagaron justos por pecadores porque las pistas conducen hacia el narcomenudeo que realizaba la colombiana Mile Virginia Martín, en una actitud inusual de la Fiscalía General del estado divulgó solícitamente a las 4 de la mañana del jueves 13 que el periodista orizabeño Juan Heriberto Santos Cabrera había sido ejecutado junto con el capo de la zona del crimen organizado, José Márquez Balderas y cuatro sicarios más de su grupo criminal.

Curiosamente, el exprocurador general de Justicia y ahora Fiscal General —un cambio cosmético aprobado por el pleno de la Legislatura local que no ha cumplido con las expectativas para la que fue creada—, Luis Ángel Bravo Contreras, quien asumió el cargo el 19 de febrero de 2014, no tuvo la misma rapidez ministerial en el caso del bloguero de Moisés Sánchez Cerezo, asesinado el 2 de enero de 2015.

El autor intelectual de su crimen, el alcalde panista desaforado de Medellín de Bravo, Omar Cruz Reyes, se esfumó ante los ojos de la justicia. O en los crímenes de los periodistas Armando Saldaña Morales, asesinado el 4 de mayo de 2015; de Juan Mendoza Delgado, victimado el 2 de julio de 2015. Y un poco antes, fue ejecutado por el crimen organizado Gregorio Jiménez de la Cruz, el 11 de febrero de 2014. La mayoría de los ejecutores de Goyo se encuentran en prisión. No es así con la mayoría de los periodistas asesinados en Veracruz.

Con el crimen del fotorreportero Rubén Espinosa Becerril en la capital del país, se convirtió políticamente en el número 14, aunque jurisdiccionalmente le corresponde al Distrito Federal donde ocurrieron los hechos que conmocionaron a la opinión pública local, nacional e internacional. Por haber ocurrido en suelo veracruzano, el número 14 le corresponde al periodista Juan Heriberto Santos, ejecutado junto con el capo de la plaza de Los Zetas, José Márquez Balderas.

Y en este epílogo trágico que envuelve al gremio periodístico veracruzano, se hace presente el mensaje omnipotente y aciago del gobernador Javier Duarte que envío a los periodistas en un convivio a exprofeso en Poza Rica: “Pórtense bien, porque voy a mover el árbol y van a caer muchas manzanas podridas”.

Verdades a medias del poder público que colocan a los periodistas en juicios sumarios. A Juan Santos, muerto, fue juzgado y sentenciado por los dichos del poder público. A Regina Martínez Pérez, corresponsal de Proceso, asesinada en Xalapa el 29 de abril de 2012, le fabricaron un crimen pasional y robo con un drogadicto que no aparece desde entonces y se lo tragó la tierra. Las líneas por su trabajo periodístico, fue minimizado olímpicamente por el poder público.

El crimen organizado se convirtió en un poder fáctico con el poder público, no en el sexenio duartista sino que data desde el régimen fidelista. ¿Verdades de Perogrullo?

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